Pieza fundamental de la medicina basada en evidencia, la investigación en salud es uno de los pilares imprescindibles en la búsqueda de un mejor entendimiento y tratamiento de las enfermedades. Lejos de exaltar un fundamentalismo científico o el dogma de una fórmula matemática, porque, al final, se trata de personas y no de variables en una matriz de datos, la sustitución de ideas o experiencias personales por información y evidencia obtenida mediante estudios de investigación ha permeado a lo largo de las últimas décadas en la medicina. El camino aún es largo, pero, sin duda alguna, y parafraseando a Vasconcelos, “no hay más camino que la investigación”.

Han pasado 54 años desde que, una fría mañana de invierno de 1971, Richard Nixon declaró “la guerra contra el cáncer”. En aquel entonces, se pensaba que se trataba simplemente de un problema de voluntad y recursos económicos; solo se necesitaba destinar la cantidad suficiente de dinero para resolver el problema, como si se tratara de construir una termoeléctrica de ciclo combinado para resolver el desabasto de electricidad de una ciudad. La realidad es que, al día de hoy, medio siglo después, los que nos dedicamos a la práctica clínica seguimos viendo a muchos pacientes y familiares con neoplasias incurables. Al final, no todo son malas noticias: esa y otras iniciativas de finales del siglo pasado fueron un punto de inflexión en la búsqueda de un mejor entendimiento y cura del cáncer.

Existen muchos modelos y formas de investigación. Al día de hoy, la mayoría de los grandes ensayos clínicos relacionados con el tratamiento del cáncer, que pueden modificar un estándar de tratamiento sistémico, son en su gran mayoría proyectos financiados por la industria farmacéutica. Al final, las farmacéuticas son empresas privadas que realizan inversiones en el sector salud buscando obtener, de forma legítima, el mayor rendimiento de una inversión; todo esto dentro de un segmento científico, pero, al final, se trata de inversiones, no de asuntos filantrópicos (existen iniciativas o proyectos financiados por el sector privado que aportan recursos sin la búsqueda de un retorno de inversión o ganancia; lamentablemente, eso es poco frecuente).

No podemos pasar por alto los elevados costos de la investigación en cáncer; en la práctica, las empresas farmacéuticas, los centros de investigación, las empresas de soporte científico y los principales órganos reguladores del Estado han vuelto extraordinariamente costosos e ineficientes los procesos de aprobación de nuevos tratamientos. Los requisitos y la normatividad de los organismos reguladores, las pruebas moleculares y de imagen, los pagos a los centros de investigación, el pago al personal involucrado (investigadores, profesionales de la salud u otros), entre muchas otras cosas, se suman a los costos de la investigación. Al final, una inmensa y compleja red de procesos, estudios y personas incrementa sustancialmente los costos, impactando el precio final que se paga por cada medicamento disponible en el sector privado o público. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que se paga por un tratamiento; esa es otra discusión. Las negociaciones y la implementación de modelos fármaco-económicos que se suceden entre las farmacéuticas, las aseguradoras y el Estado no son el objetivo de este escrito. Discutir el modelo ideal para la evaluación de tecnologías sanitarias en oncología y cuánto estamos dispuestos a pagar por un tratamiento será en otro momento.

Desde hace varios años, permea en diversos círculos del sector salud la idea de que la investigación en cáncer financiada por la industria farmacéutica puede ser considerada una acción que permite cubrir o mitigar los elevados costos de los tratamientos oncológicos, principalmente en países con sistemas de salud limitados financieramente. Esta idea, llevada a un concepto más amplio, podría entenderse como una corriente de pensamiento en la que la investigación financiada por la industria se incluiría como parte de una política pública de un gobierno para mejorar el acceso a modernos tratamientos contra el cáncer. En diversas publicaciones y foros se difunde información acerca del ahorro en gasto que se logra cuando se facilita el acceso a protocolos, así como la mejoría en el acceso a tratamientos que de otra forma no sería posible. En mi opinión, creer que los protocolos de investigación de la industria permiten reducir los gastos del Estado o son una forma de subsanar las deficiencias de un sistema de salud limitado es un error.

Desde luego que estoy a favor de los protocolos de investigación, sean o no financiados por la industria: son parte esencial de la medicina e imprescindibles en la generación de conocimiento. Existen múltiples razones por las que se justifican (v.g., una neoplasia sin opciones de tratamiento curativo o poco efectivas, búsqueda de tratamientos mejor tolerados, selección de tratamientos con base en biomarcadores, entre muchas otras). Evidentemente, si el ingreso a un protocolo de investigación le permite a un paciente tener acceso al mejor tratamiento disponible o a fármacos experimentales que potencialmente son mejores que lo aprobado, nadie puede poner en duda el potencial beneficio para el paciente; no obstante, eso no se puede confundir ni considerar como una política de salud pública. En los países donde existe un sistema de salud público, el Estado está obligado a financiar y ofrecer un sistema de salud eficiente en la medida de lo posible y con base en el financiamiento de la población (la variable más importante). Sin embargo, no se puede relegar la responsabilidad a la presencia o no de un protocolo de investigación. Quizás deberíamos cuestionar a cualquier sistema de salud cuando el principal aliciente de una persona para ingresar a un protocolo de investigación se debe a que el hospital público donde se atiende no le ofrece el mejor tratamiento disponible (acorde con una correcta evaluación fármaco-económica).

En lo relacionado con el ahorro de recursos económicos mediante los protocolos de investigación, creo que es una percepción errónea; al final, cada dólar o peso invertido en un protocolo que se traduzca en un ahorro para una institución, alguien lo va a terminar pagando, ya sea un paciente, el sistema de salud público o una aseguradora. Los costos y las ganancias simplemente se redireccionan. Cada vez que pagamos un medicamento caro, estamos pagando ese dinero que algunos consideraron que se estaba ahorrando con un protocolo.

En condiciones ideales, el acceso a protocolos de investigación debería ser una opción “universal” disponible para quien así lo desee; está demostrado que se mejora la educación en salud, así como la calidad de la atención, independientemente de la generación de conocimiento y potenciales beneficios terapéuticos. Si bien no creo que los protocolos de investigación financiados por la industria farmacéutica deban ser considerados como parte de una política de salud pública para cubrir las carencias terapéuticas de un sistema de salud, sí creo que el Estado puede y debe impulsar políticas en salud pública encaminadas a promover la investigación, atraer la mayor cantidad de proyectos, facilitar los procesos regulatorios, estimular el acceso de los pacientes y promover la investigación local.

Dr. Fernando Aldaco Sarvide
Oncólogo Médico
Ciudad de México, México